M ÉXICO

REITERACIONES HISTÓRICAS. La matanza de Acteal en Chiapas como la persecución de los cristeros

"La firme y generosa
resistencia de los oprimidos"
(Pío XI)

 

Las intervenciones aún actuales de Pío XI durante los años de la persecución
anti-católica que desembocó en la espontánea rebelión armada de los campesinos

por Giovanni Ricciardi

 

Sacerdotes y fieles durante la huelga del culto público, la iniciativa con que los obispos mexicanos respondieron a las provocaciones del gobierno en 1926, suspendiendo el culto público dentro de las iglesias y administrando los sacramentos sólo fuera de ellas.

     La matanza de Acteal, donde estas Navidades fueron asesinados 45 indios que estaban rezando, evoca los trágicos años de la reciente historia mexicana, por muchos olvidada, pero aún viva en las hermosas páginas de El poder y la gloria, de Graham Greene. Entre 1917 y 1940 tuvo lugar en México una persecución sistemática contra la Iglesia de Jesucristo, a partir de la Constitución promulgada en Querétaro el 3 de febrero de 1917.
     Tras la revolución de 1911 y el exilio de Porfirio Díaz, que había gobernado el país durante casi treinta años, se suceden en el poder tres fuertes personalidades hostiles a la Iglesia: Venustiano Carranza (1914-1920, asesinado en 1920), Alvaro Obregón (1920-1924, asesinado en 1928 inmediatamente después de su reelección como presidente), Plutarco Elías Calles (1924-1928, fallecido en Estados Unidos en 1940). Bajo su gobierno, el intento de excluir a la Iglesia de cualquier tipo de presencia en la vida del país asumió características de humillación sistemática que afectó a todo el cuerpo eclesial, desde los obispos -incluidos los delegados apostólicos- hasta el pueblo, esos campesinos que fueron espontáneos protagonistas de una rebelión armada, y que la Historia conoce con el nombre de cristiada.
     La Constitución de Querétaro contenía una serie de disposiciones dirigidas a la anulación total de la presencia de la Iglesia en la sociedad mexicana: absoluta prohibición para las órdenes religiosas de trabajar en el ámbito de la enseñanza, abolición de los votos religiosos, considerados contrarios a la libertad del hombre; confiscación total por parte del Estado de los bienes eclesiásticos; reconocimiento solamente del matrimonio civil; expulsión del clero no mexicano; suspensión de los derechos civiles y políticos para todos los sacerdotes, incluidos los mexicanos. Después de un primer periodo en que la aplicación de estas normas fue blanda y no sistemática, se llegó a la ley del 6 de enero de 1926, con la que el presidente Calles quiso dar un eficacia literal a la Constitución.
     Tras la expulsión del delegado apostólico Caruana, ocurrida pocos días después de la promulgación de la ley del 6 de enero de 1926, Pío XI intervino oficialmente por primera vez con la carta apostólica Paterna sane dirigida al episcopado mexicano, fechada el 2 de febrero de 1926. Manifestando en dicha carta su creciente preocupación, el papa Ratti trataba de indicar a la Iglesia local directrices concretas de resistencia: "Por tanto, os dirigimos ahora nuestra paternal palabra para daros las instrucciones que deseáis de nosotros frente a las presentes dificultades y que se resumen en exhortaros a un común y disciplinado trabajo de "acción católica" entre los fieles confiados a vuestros solícitos cuidados. Hemos dicho "acción católica", porque en las circunstancias en que estáis, es más que nunca necesario, venerables hermanos, que vosotros y todo vuestro clero, al igual que las asociaciones católicas, os mantengáis completamente fuera de todo partido político, para no ofrecer ningún pretexto a los adversarios de confundir vuestra fe religiosa con un partido o una facción cualquiera. Por ello, en la República de México, los católicos, en cuanto tales, no constituirán un partido político que se denomine católico". El Papa no tenía duda alguna: en México estaba en juego la defensa de la misma fe. Y no se equivocaba. El diplomático francés Ernest Lagarde se entrevistó por aquellos días con el presidente Calles y sacó una impresión también muy clara: "Estaba decidido", escribe, "a acabar con la Iglesia y a librar el país de ella de una vez para todas. En algunos momentos el presidente Calles, a pesar de su realismo y frialdad, me dio la impresión de que afrontaba la cuestión religiosa con una espíritu apocalíptico y místico",
     Se llegó así a la nueva ley del 14 de junio, conocida como la "ley Calles": se prohibía toda manifestación religiosa y todo hábito eclesiástico fuera de las iglesias, se concedía el permiso de celebrar funciones de culto sólo a un número restringido de sacerdotes indicados por el Estado.
     La Iglesia respondió a esta enésima provocación desafiando abiertamente al gobierno con una acción que podemos definir la huelga del culto público. Desde el 31 de julio se suspendió el culto público dentro de las iglesias y los obispos anunciaron que darían los sacramentos a los fieles sólo fuera de ellas. "Acude al pensamiento del historiador", escribe el jesuita Giacomo Martina, "la actitud del clero y el obispo de Roma, Sixto II, durante la persecución de Valeriano en el año 258: Sixto II respondió a la prohibición de hacer reuniones en los cementerios con una solemne celebración en las catacumbas de San Calixto, que acabó con su arresto e inmediata decapitación". El ministro del Interior del gobierno mexicano de entonces comentó esta decisión con las siguientes palabras: "La Iglesia ha tomado la decisión de ir más allá de nuestros deseos, al decidir la suspensión del culto. Nada podría sernos más grato que una medida que va a favorecer el progreso que deseamos, la indiferencia y la incredulidad. Tenemos al clero cogido por el cuello y haremos todo lo que sea para estrangularlo. La religión es un negocio inmoral y hay que darle reglas".
     El Papa aprobó la decisión de los obispos, confirmando su apoyo a la Iglesia mexicana con un solemne acto oficial: la encíclica del 18 de noviembre Iniquis afflictisque estaba dirigida ahora a toda la Iglesia. Tras pedir a todo el mundo oraciones por los católicos de México, el Papa añadía: "Tampoco os parezca, venerables hermanos, que se han promovido estas oraciones en vano, viendo que el gobierno mexicano, por su odio implacable contra la religión, sigue aplicando con dureza y violencia aún mayores sus edictos inicuos, porque en realidad el clero y la multitud de esos fieles, sostenidos por emanación más abundante de gracia divina en su paciente resistencia, han dado tan ejemplar espectáculo que se merecen con todo derecho que Nos, con un solemne documento de nuestra autoridad apostólica, lo hagamos presente a todo el mundo católico".
     El documento examina la historia de la persecución y señala al mundo el ejemplo de fidelidad del pueblo mexicano, de modo particular de los sacerdotes y los laicos: "Nos vemos", escribe Pío XI, "a estos sacerdotes estar muy unidos y obedecer de todo corazón y con respeto a las órdenes de sus prelados, aunque ello muchas veces les cause grave daño; vivir del sagrado ministerio, y siendo muy pobres y no teniendo con qué sustentar a la Iglesia, soportar la pobreza y la miseria con fortaleza; celebrar el santo sacrificio en privado; proveer con todas sus fuerzas a las necesidades espirituales de los fieles y alimentar y estimular en todos los que les rodean la llama de la piedad. [...] Por otra parte, ellos no han dudado en afrontar, donde fuera necesario, la cárcel y la misma muerte con serenidad y ánimo valiente".
     Y efectivamente las cifras de la persecución no dejan lugar a dudas. En los años inmediatamente posteriores a la "ley Calles", los sacerdotes asesinados o fusilados por el gobierno fueron unos noventa, sin contar los expulsados o los que tuvieron que huir. Entre ellos el padre jesuita Agustín Pro, fusilado en 1927 y beatificado por el papa Wojtyla en 1988.
     Mientras tanto los católicos se organizaron en la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, apoyada por el episcopado y por la Santa Sede, mientras la represión anticatólica provocó una verdadera insurrección armada entre los campesinos. En pocos años, desde 1926 a 1929, el número de los insurgentes llegó a los treinta-cuarenta mil. Los cristeros lograron controlar regiones enteras del país. "A los cristeros", escribe el padre Martina, "les movían motivos religiosos, pero también sociales, y la preocupación de defender el verdadero bien de los campesinos, demasiado olvidados por el gobierno; religión y cuestiones socioeconómicas se yuxtaponían sin contrastes".
     La tierra y la fe. La lucha de los cristeros no logró resultados decisivos sobre todo por la dificultad de hacerse con armas y municiones. Los Estados Unidos, decididos a poner fin a la lucha, cerraron las fronteras para impedir que los rebeldes continuaran combatiendo, a fin de no tener un vecino turbulento y sobre todo para no perjudicar sus intereses petrolíferos.
     En junio de 1929, el gobierno simuló que quería llegar a un acuerdo, y mediante la intervención de obispos conciliantes, del embajador estadounidense Morrow, amigo de Calles, quiso tranquilizar a la Iglesia sobre sus intenciones. "No se trató", observa el padre Martina, "de un tratado de paz entre dos potencias, sino de una simple declaración de prensa del nuevo presidente mexicano, Emilio Portes Gil: el gobierno no quería ni destruir ni atacar a la Iglesia sino solamente aplicar las leyes existentes; el empadronamiento de los sacerdotes reconocidos por el gobierno como encargados del culto era un simple acto administrativo, sin ninguna pretensión de invadir las atribuciones de la jerarquía". La Iglesia, consciente de que no podía seguir hasta el infinito con la suspensión del culto público, decidió confiar en las promesas del gobierno, que éste, en cambio, no cumplió. Los obispos convencieron a los cristeros a entregar las armas: muchos de ellos fueron fusilados en los meses siguientes. Se calcula en torno a quinientos el número de los jefes de la rebelión que fueron fusilados después del acuerdo. En el mes de septiembre de 1932, Pío XI interviene nuevamente sobre la cuestión mexicana con una encíclica, cuyo título expresa su amargura por la situación; la Acerba animi magnitudo analiza las etapas de la historia de estos años e invita a los católicos a una nueva resistencia: "Mientras otros gobiernos en estos últimos tiempos competían por establecer acuerdos con la Santa Sede, el del México cerraba todas sus puertas a los acuerdos; es más, de la manera más inesperada no cumplía las promesas que poco antes nos habían hecho a Nos por escrito, y expulsaba repetidamente a nuestros representantes, mostrando con ello cuáles eran sus intenciones hacia la Iglesia. [...] Frente a la firme y generosa resistencia de los oprimidos, el gobierno mexicano de varios modos comenzó a dar a entender que no sería ajeno a llegar a acuerdos, con tal de salir de un estado de cosas que no podía modificar en su favor. Ante esta situación, aunque una dolorosa experiencia nos había enseñado a no confiar en semejantes promesas, tuvimos que preguntarnos si era conveniente para el bien de las almas continuar con la suspensión del culto en público". Hablando de la "firme y generosa resistencia de los oprimidos", el Pontífice, por motivos de prudencia, no podía mencionar a los cristeros, pero cuando observa que "a pesar de las explícitas promesas" tras el acuerdo de 1929 "sacerdotes y laicos que con firmeza habían defendido la fe fueron abandonados a las venganzas más crueles de sus adversarios", hace una clara referencia a los hechos que estaban a la vista de todo el mundo.
     Sólo en 1937 la última encíclica dedicada a México, Firmissimam constantiam, reconocía, en circunstancias particulares, la legitimidad de una resistencia armada contra un poder despótico y opresor; pero sobre todo, en este texto lleno de realismo y de esperanza cristiana, invitaba a los obispos y sacerdotes a no olvidar los dos tesoros más amados de la Iglesia: la fe y los pobres. La fe, por medio del apostolado: "Es evidente, además, que el apostolado no procede de un impulso puramente natural a la acción, sino que es fruto de una sólida formación interior: es la necesaria expansión de un amor intenso a Jesucristo y a las almas, redimidas por su sangre preciosa, que se manifiesta en el empeño de imitar la vida de oración, sacrificio, solicitud inextinguible. Esta imitación de Cristo suscitará muchas formas de apostolado en todos los campos, en cualquier parte donde las almas estén en peligro o se vean comprometidos los derechos del Rey divino". Pero los pobres y sus necesidades son igualmente importantes "ya que a menudo no se llega a las almas sino mediante el consuelo de las miserias corporales y de las necesidades económicas [...]". Así, pues, "para tutelar la dignidad de la persona puede ser a veces necesario denunciar y reprochar osadamente condiciones de vida injustas e indignas". De modo particular Pío XI se refiere a los campesinos: "No es menos grave ni menos urgente otro deber: el de la asistencia religiosa y económica a los campesinos y en general a esa parte no pequeña de mexicanos, en su mayoría campesinos, vuestros hijos, que forman la población indígena. Son millones de almas, también redimidas por Cristo, que Él confía a vuestros cuidados y de las que un día os pedirá cuentas: son millones de individuos a menudo en tan tristes y miserables condiciones de vida, que no poseen ni siquiera el mínimo bienestar indispensable para tutelar la misma dignidad humana. Os rogamos, venerables hermanos, en las entrañas de la caridad de Cristo, que cuidéis de modo particular de estos hijos, que animéis a vuestro clero para que se dedique cada vez con mayor solicitud a su asistencia".
     A sesenta años, qué casualidad, de la publicación de la encíclica, ciertamente no podemos decir que estas palabras sean viejas.