V ATICANO

DOCUMENTOS. Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria

"La tierra ha sido dada
para todo el mundo y no
solamente para los ricos"
(San Ambrosio)

En la página de al lado, una campesina de Bangladesh; aquí arriba, La peregrinación, de José Tiago, artista brasileño

     "No es parte de tus bienes -así dice san Ambrosio- lo que tú das al pobre; lo que le das le pertenence. Porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos". Corría el año 1967 cuando Pablo VI, en la encíclica Populorum progressio, repetía las palabras del santo que había sido su predecesor en la cátedra de Milán para denunciar el robo de la tierra, forma primigenia de esa opresión del pobre que, como enseña toda la Tradición de la Iglesia, "clama venganza ante Dios". A más de treinta años de distancia, un documento elaborado por un dicasterio vaticano vuelve sobre algunos temas tratados en la gran encíclica social de Pablo VI.
     Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria. Así se titula el texto elaborado después de tres años de trabajo por el Pontificio Consejo "Justicia y Paz", y presentado el pasado 13 de enero por el cardenal Roger Etchegaray, presidente del dicasterio vaticano que se ocupa de las cuestiones sociales. Una denuncia del latifundismo, causa del creciente empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad en los países en vías de desarrollo, que es la continuación de análogos documentos publicados por numerosos episcopados latinoamericanos, donde la cuestión agraria, que comenzó a mediados del siglo pasado, sigue siendo la clave fundamental de la explotación social.
     La estructura del nuevo documento vaticano vuelve al método de trabajo de ver-juzgar-actuar, el esquema inaugurado en Francia por la Juventud Obrera Católica (JOC) en los años treinta y que en los últimos decenios las Iglesias latinoamericanas han hecho suyo a la hora de tratar las cuestiones sociales, económicas y políticas.
     La primera parte es una descripción ajustada y realista de los mecanismos de la concentración de la propiedad de la tierra. Se describen las estructuras de explotación, las conexiones del poder político-económico, los costes humanos, ambientales y económicos implicados en el fenómeno. Se examinan críticamente las opciones de política económica, como la industrialización y la urbanización realizadas a marchas forzadas y a expensas de la agricultura, siguiendo la ilusión de "modernizar" de esta manera las economías nacionales. Entre los motivos del fracaso de muchas reformas agrarias el documento no omite citar "la presencia de empresas extranjeras, preocupadas por las consecuencias de la reforma agraria en sus actividades económicas". Y también la política de las exportaciones agrícolas, realizada según los intereses de las grandes empresas agroindustriales, se describe como motivo de penalización para los pequeños agricultores y para esas economías de subsitencia, cuyo fin es en gran parte el autoconsumo, que terminan aplastadas por los mecanismos despiadados de la globalización económica.
     En esta primera sección, los pasajes más explícitos e incisivos se hallan concentrados en el párrafo sobre la expropiación de las tierras de los pueblos indígenas, donde se describen escenarios de trágica actualidad en las crónicas latinoamericanas. "En la mayoría de los casos", dice el párrafo 11, "la expansión de las grandes empresas agrícolas, la construcción de grandes instalaciones hidroeléctricas, la explotación de los recursos mineros, petrolíferos y madereros de los bosques en las áreas de expansión de la frontera agrícola han sido decididas, planificadas y realizadas sin considerar los derechos de los habitantes indígenas". En el párrafo 12 se denuncian las violencias que siguen sufriendo los indígenas en los procesos de acumulación de las tierras: "La élite terrateniente y las grandes empresas de explotación de los recursos mineros y madereros no han tenido reparos en muchas ocasiones en instaurar un clima de terror para calmar las protestas de los trabajadores, obligados a soportar ritmos de trabajo inhumanos y retribuidos con salarios que a menudo no cubren los gastos de viaje, las comidas y el alojamiento. Se ha instaurado este clima también para ganar los conflictos con los pequeños agricultores que llevan mucho tiempo cultivando tierras de propiedad del Estado o bien otras tierras o para apoderarse de las ocupadas por los pueblos indígenas. En estas luchas se utilizan métodos intimidatorios, se efectúan detenciones ilegales y, en algunos casos extremos, se reclutan grupos armados para destruir los bienes y las cosechas, para quitar poder a los líderes de las comunidades, para deshacerse de algunas personas, incluidos los que defienden a los más débiles, entre los cuales también hay que recordar a muchos responsables de la Iglesia. A menudo los representantes de los poderes públicos son cómplices de estas violencias. La impunidad de los autores morales y materiales de los crímenes está garantizada por las deficiencias del sistema jurídico y por la indiferencia de muchos Estados por los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos". El documento vaticano lleva la fecha del 23 de noviembre de 1997, festividad de Cristo Rey. El 22 de diciembre, en la aldea de Acteal, en el estado mexicano de Chiapas, una banda paramilitar a sueldo de poderes locales mataba a 45 católicos que se habían reunido en una casuca para rezar el rosario. Confirmando con la gracia del martirio las palabras del documento firmado un mes antes por el cardenal Etchegaray en las oficinas del dicasterio de plaza San Calisto, en Trastévere.

Santo Tomás
y la tierra a los campesinos
"¡Ay, los que juntáis casa con casa, y campo con campo anexionáis!", grita Isaías. Le hace eco su contemporáneo Miqueas: "Codician campos y los roban, casas, y las usurpan; hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad". En las invectivas de los profetas contra la tiranía de los ricos se encuentra la raíz antigua del juicio de la Iglesia sobre la propiedad de la tierra, objeto de la segunda parte del documento. Ya el Antiguo Testamento, con la práctica judía del Jubileo, está lleno de llamadas incesantes al reconocimiento de que la tierra es de Dios, y el hombre no es su verdadero amo, sino solamente un administrador: "La tierra es mía, y en lo mío sois como forasteros y huéspedes" (Lv 25, 23). En el cristianismo, la ilegitimidad del latifundio no es sólo un dato del orden de la Creación, sino que emana de la preferencia por los pobres. Nace de la histórica y efectiva preferencia que toda la Tradición reconoce inscrita en el misterio mismo de la predilección de Jesucristo por los suyos. Los pasajes más eficaces y realistas del documento son precisamente aquéllos en los que se ofrecen los contenidos y las enseñanzas de la Tradición, que desde siempre reconoce en el grito del pobre oprimido el mismo grito de Jesucristo en la cruz. Se cita la Populorum progressio de Pablo VI para repetir que "la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos", de modo que "no hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario". Se insiste también en el criterio definido por santo Tomás de Aquino, y reafirmado por el último Concilio ecuménico, según el cual, "quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí". A la luz de estas enseñanzas se condenan "las formas de apropiación indebida de la tierra por parte de propietarios o empresas nacionales o internacionales, en algunos casos apoyadas por instituciones del Estado, que pisotean todo derecho adquirido y, a menudo, incluso los títulos legales mismos de posesión del suelo, despojando a los pequeños agricultores y a los pueblos indígenas de sus tierras".
     El nuevo documento vaticano expresa juicios y posiciones socialmente valientes e interesantes precisamente en los pasajes en los que se limita a reproponer en la situación de hoy los contenidos y las enseñanzas de la Tradición, los mismos que reafirmaron documentos del magisterio anterior, como la Populorum progressio. En cambio, parece tímido y abstruso en los párrafos en que, tal vez con la intención de resultar creíble para los economistas y profesionales del tema, asume criterios fatalmente marcados por la ideología liberal hoy dominante. Por ejemplo, respecto a la forma de organización del sistema económico, el documento vaticano declara legítimas las formas de explotación colectiva de la tierra como la propiedad comunitaria, "que caracteriza la estructura social de numerosos pueblos indígenas", pero luego corrige y amortigua este reconocimiento añadiendo que semejantes modelos están destinados a evolucionar: "Razones con fundamento hacen prever, incluso en el caso de los pueblos indígenas, la realización de una política de asignación individual de la propiedad de la tierra". Una fórmula blanda para decir que las comunidades indígenas, si no quieren ser marginadas y condenadas a la miseria, deben pasar al régimen de propiedad individual y abrirse al libre mercado de las tierras, para integrarse en el ciclo productivo neocapitalista.
     En los pasajes relativos a la propiedad privada el paso atrás respecto a las posiciones manifestadas en la Populorum progressio es aún más evidente. El principio de la hipoteca social que grava sobre la propiedad privada, se queda en mera teoría al encarar casos concretos. Pablo VI, en la Populorum progressio, había desmontado con san Ambrosio el dogma de la propiedad privada "inviolable", reconociendo la legitimidad de las expropiaciones ("El bien común exige, pues, algunas veces la expropiación si, por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula... algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva").

El reto del sí... pero
También el nuevo documento vaticano admite en teoría la legitimidad de la expropiación, "mediante una indemnización equitativa para los propietarios". Pero sobre el caso más controvertido y de más actualidad, el de las ocupaciones de tierras que en Brasil y en toda América Latina viene marcando desde hace años el conflicto entre terratenientes y masas de campesinos sin tierra, se expresa una condena sustancial contra los métodos de los movimientos de los sin tierra, aunque endulzada con el lenguaje ambiguo de los distingos y las circunstancias sociológicas atenuantes. Desde este punto de vista, también este documento es índice del cambio ocurrido en las declaraciones eclesiásticas de estos últimos veinte años. El et...et católico, según el cual la aplicación coherente de un principio verdadero lleva a tener presentes todos los factores, se substituye con el sí... pero de la cultura moderada dominante en la Iglesia, con lo que de hecho, como en este caso, se vacía el principio expresado claramente por san Ambrosio y santo Tomás y que volvió a ofrecer la Populorum progressio. En efecto, según la declaración vaticana la ocupación de las tierras no cultivadas, "incluso cuando son las condiciones de necesidad extrema las que la provocan, sigue siendo de todos modos una acción que no es conforme con los valores y a las normas de una convivencia verdaderamente civil. El clima de emotividad colectiva generado por la ocupación de las tierras puede con facilidad conllevar una serie de acciones y de reacciones tan graves que pueden incluso escapar a cualquier control. Las instrumentalizaciones que se dan, a menudo no tienen nada que ver con el problema de la tierra". A este frenazo le sigue la constatación de que de todos modos la ocupación de las tierras "es la señal de alarma que requiere, a nivel social y político, medidas eficaces y equitativas". Los gobiernos que dejan sin respuesta situaciones peligrosas son juzgados como corresponsables de la degeneración de los conflictos sociales: "El hecho de retrasar y posponer la reforma agraria quita credibilidad a las acciones de los Gobiernos de denuncia y represión de la ocupación de las tierras".
     La última sección del documento reafirma que la eliminación del latifundio es sólo la primera parte de una reforma agraria eficaz. Para que los resultados sean efectivos y duraderos es necesario sostener la redistribución de las tierras con garantías de acceso al crédito legal, y luego con la creación de infaestructuras que favorezcan el fomento de la producción y de la comercialización de los productos. El documento desmitiza por último las virtudes milagrosas de la liberalización de los intercambios comerciales: "En algunas ocasiones el crecimiento de los intercambios comerciales puede empeorar las condiciones de quienes están económicamente desaventajados. Esto ocurre, por ejemplo, si el incremento del cultivo de productos alimenticios de exportación hace disminuir la oferta de alimentos para el consumo interior y subir los precios".